Un acuerdo bien estructurado y jurídicamente sólido no solo protege los derechos del menor, sino que también previene futuros conflictos entre los progenitores, proporcionando mayor estabilidad para todas las partes involucradas.
La claridad en las disposiciones sobre el ejercicio de las responsabilidades parentales, la convivencia con el progenitor no residente y la gestión de los gastos garantiza una mejor adaptación a la nueva realidad familiar.
La vivienda familiar, uno de los puntos fundamentales del acuerdo, está directamente relacionada con la residencia del menor, ya que puede ser atribuida al progenitor con quien el niño residirá. La atribución de la vivienda puede ser decidida por el tribunal en función del interés del menor, independientemente del régimen de propiedad del inmueble.
El uso de medios electrónicos para facilitar el contacto frecuente con el progenitor distante es una alternativa que a menudo se prevé en los acuerdos.
Del mismo modo, se pueden establecer períodos vacacionales más largos, permitiendo visitas extendidas durante las vacaciones escolares y días festivos, así como viajes intercalados (se puede acordar que el menor visite al progenitor no custodio y viceversa), con los costos de los desplazamientos compartidos según la capacidad económica de los progenitores.
En estos casos, es común que la residencia del menor se atribuya exclusivamente a uno de los progenitores, ya que el reparto equitativo del tiempo de convivencia puede ser inviable cuando existe una gran distancia física entre los padres.
Además, aunque la norma general en Portugal establece que las responsabilidades parentales relativas a decisiones de especial importancia en la vida del menor (por ejemplo, educación, salud, religión) deben ser ejercidas conjuntamente por ambos progenitores, esta regla puede ser modificada cuando la distancia dificulta una toma de decisiones eficiente o cuando la falta de comunicación entre los padres perjudica al niño. En estos casos, el tribunal puede otorgar a uno de los progenitores la responsabilidad exclusiva de tomar estas decisiones, garantizando así una mayor estabilidad en la vida del menor.
Es decir, en situaciones en las que hay una gran distancia geográfica con el progenitor no residente, ya sea porque vive en el extranjero o en una ciudad muy alejada del niño, lo que a menudo resulta en la falta de una relación afectiva cercana y escaso contacto con el menor, el tribunal deberá, en estos casos, excluir el régimen de ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales en lo que respecta a las cuestiones de especial importancia en la vida del niño. No obstante, el progenitor residente tendrá el deber de informar al otro progenitor sobre las decisiones tomadas en relación con estos asuntos.
Independientemente del país de residencia fijado en el acuerdo inicial, el cambio de residencia del menor a otro país requiere el consentimiento expreso del progenitor no residente.
En caso de desacuerdo, el traslado solo podrá llevarse a cabo con autorización judicial.
Este principio protege el derecho del menor a mantener una relación cercana con ambos progenitores y evita traslados internacionales que puedan perjudicar su bienestar o ser utilizados como una forma de obstrucción del contacto con uno de los padres.
En conclusión, la regulación de las responsabilidades parentales es un instrumento fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo saludable del menor tras la separación de los progenitores. Independientemente de la relación entre los padres, debe prevalecer siempre el interés superior del niño, orientando las decisiones sobre la residencia, el régimen de visitas y la obligación alimentaria de manera justa y equilibrada.
Dada la complejidad de estas cuestiones y las posibles implicaciones legales, es esencial contar con el apoyo de abogados especializados en Derecho de Familia.
Belzuz Abogados SLP
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